domingo, 13 de agosto de 2017



EL CONFLICTO VENEZOLANO
Por Antonio Mora Vélez.
En un estado de confrontación de ramas del poder como la que venía sucediendo en Venezuela, la solución democrática, legal y constitucional es la Constituyente convocada por Maduro (Arts. 347 y 348 de la Constitución  Política de Venezuela). La otra es el enfrentamiento armado entre las ramas del poder o la imposición de una de ellas sobre la otra, que era lo que trataba de hacer la oposición desde la Asamblea, pretendiendo destituir al presidente. O la clausura de la Asamblea Legislativa opositora y la destitución de la Fiscal General que algunos le propusieron a Maduro. Y no me parece que eso hubiera sido mejor que la decisión finalmente tomada de apelar al constituyente primario, que es el pueblo, para que dirima el enfrentamiento y ponga a cada quien en su sitio, como lo hizo con la destitución de la Fiscal General, y garantice –como lo pretende el chavismo- las conquistas sociales de la revolución. Para ganancia del gobierno la oposición no aceptó participar porque sus partidos estaban convencidos que con las "guarimbas" (acciones violentas) y armadas en las calles iban a generar una guerra civil que justificara una invasión gringa que les devolviera el poder. Y perdieron la oportunidad de probar que eran mayoría o al menos de haber ganado un 49% de los escaños de la Constituyente.
El resultado fue que las urnas les castigaron el haber abandonado la acción pacífica de masas y la lucha democrática y haber optado por la insurrección armada callejera y sobre todo haber encargado de esa tarea a encapuchados pagados que, sin conciencia cívica y democrática, se dedicaron a destruir bienes de servicio al pueblo como colegios, hospitales, universidades, buses de transporte público, tiendas de abastecimiento y a incendiar personas por su color o por su filiación política. Acciones todas terroristas que  terminaron por desprestigiarlos y que la prensa ha escondido o tergiversado ante el mundo, señalando a la Guardia Nacional de ser la responsable de todas ellas.
Pero esa misma gran prensa y los medios internacionales siguen insistiendo en el cuento del comunismo y de la dictadura para generar el clima de crítica y repudio mundiales que justifique las acciones de la OEA y de los EEUU. Yo conozco la Constitución venezolana y el programa del socialismo del siglo XXI y en ninguna parte aparece que tengan el propósito de acabar con la propiedad privada ni menos con la economía de mercado (Ver arts 299 y 308 de la CNB de Venezuela). Y lo prueba, además, el hecho de que con todo y lo que la derecha ha urdido para derrocar la revolución bolivariana: golpe de estado, guerra económica, huelga petrolera, insurrección callejera, ataque a cuarteles, contrabando de sus productos, saboteo a la divisa, desabastecimiento intencional, etc., el gobierno sigue manteniendo la pluralidad de partidos y la empresa privada, ambos pilares de la democracia liberal. Y como si fuera poco, tolera a los medios impresos, radiales y de Tv de la oposición, no obstante que varios han dado motivo para una cancelación de su licencia al llamar al desconocimiento del gobierno y desinformar sobre la protesta violenta y los crímenes cometidos por los terroristas encapuchados, a quienes califica de “opositores pacíficos” perseguidos y reprimidos violetamente por el régimen. Y para mayor razón, mantiene el apoyo de la mayoría de los electores tal y como quedó demostrado con las recientes elecciones del 30 de julio.
Finalmente, para reforzar lo anterior, algo que muy pocos saben. En los estatutos no se dice que el PSUV es un partido obrero sino que se declara el carácter policlasista del mismo, calificativo que no cabe en la definición de un partido marxista. Lo que me permite pensar que hasta sectores de la burguesía socialdemócrata caben en él. Y de hecho creo que los hay. Todo el estilo madurista de buscar el diálogo con la oposición dispuesta a participar en el juego democrático, y con el sector empresarial –lo que nuestra prensa no informa- obedece a esos criterios. Y no me cabe duda  que el socialismo chavista (bolivariano, cristiano, popular y anti-imperialista) dista mucho de ser una copia del cubano (martiano y marxista-leninista) -lo que repiten los poco entendidos del contenido de ambos- aunque sus países estén aliados porque tienen un mismo y poderoso enemigo: el imperio de Wall Street. Un imperio que va tras el petróleo, cuya renta le ha servido al estado bolivariano para sostener las misiones sociales (salud, educación, vivienda, tierra etc) y que antes se robaban los politiqueros que hoy luchan por recuperar el poder; va en busca del petróleo, del oro, del coltán, del gas, del torio (metal estratégico que reemplaza al uranio) y del agua, recursos todos que la patria de Bolívar tiene en abundancia, y que no vacilará –el criminal Imperio- en apoderarse de ellos así tenga que destruir el país, como lo hizo con Libia y con Irak, y utilizar como instrumento de esa agresión a Colombia.

Colofón: No hace mucho bien al futuro en paz de nuestro país la intromisión del presidente Santos y de algunos expresidentes como Pastrana y Uribe en los asuntos internos del país hermano. Y mucho menos involucrar nuestras bases militares, y personal de nuestro ejército, en la guerra que se planea en el Pentágono contra la revolución bolivariana, violando los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Conducta de la cual son indicios el reconocimiento de nuestra calidad de país observador de la OTAN, el reciente fortalecimiento de los puestos militares fronterizos con el hermano país y el afán del Pentágono en que acabemos cuanto antes el desarme de las FARC. De producirse esa invasión con nuestra complicidad (que lo será para recuperar las riquezas naturales de Venezuela arriba enumeradas, con el engaño de siempre de restablecer la democracia) vamos a ser considerados enemigos beligerantes y vamos a recibir fuego no solo de las fuerzas armadas venezolanas sino de los países que acudan en su ayuda, (Rusia, China, Irán, Belarús y otros) que son poderosos y que nos pueden hacer bastante daño.    

Montería, 13 de octubre de 2017.

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